La Primera Sala del Tercer Circuito de Cuautla, integrada por los magistrados Manuel Díaz Carvajal, Rolfi González Rodríguez y Cecilia López González, justificó su decisión de liberar a Rogelio Ángel “N”, alias El Diablo, y Francisco Yahir “N”, acusados de un triple homicidio en septiembre pasado. En conferencia de prensa, los magistrados negaron cualquier acto de corrupción, señalando que la resolución se basó en la falta de pruebas suficientes para acreditar la culpabilidad de los imputados.
“Nuestro actuar se apegó estrictamente a lo estipulado en la Constitución: un juez sólo puede condenar cuando hay plena convicción de culpabilidad,” afirmó Manuel Díaz Carvajal.
¿Por qué fueron liberados?
Según los magistrados, las pruebas presentadas por el Ministerio Público se limitaron a los testimonios de tres agentes policiales, que, al no estar respaldados por los testigos originales, carecían de valor probatorio.
Díaz Carvajal detalló que:
“La jurisprudencia establece que los testimonios de oídas no son válidos si las personas entrevistadas no comparecen en juicio.”
Asimismo, explicaron que la sentencia fue dictada por escrito, lo cual es permitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando no se solicita una audiencia de alegatos aclaratorios.
El caso ha generado polémica debido a que los acusados, inicialmente sentenciados a más de 70 años de prisión, quedaron en libertad el pasado 6 de diciembre. La gobernadora Margarita González Saravia solicitó una investigación a fondo para determinar si los magistrados actuaron conforme a derecho.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también expresó su preocupación, calificando la decisión como un golpe a los esfuerzos por combatir la inseguridad en el estado.
Los magistrados responden a las críticas
Ante las acusaciones de corrupción y presión mediática, los magistrados fueron enfáticos en defender su autonomía:
“Rechazamos enfáticamente cualquier insinuación de actos indebidos. Nuestro actuar fue transparente y conforme a la ley,” aseguró Díaz Carvajal.
La resolución ha encendido el debate público, planteando preguntas sobre la calidad de las investigaciones en casos de alto impacto y el papel de las autoridades judiciales en garantizar justicia.
Mientras el Gobierno del Estado analiza la posibilidad de revisar el caso, la sociedad de Cuautla permanece expectante ante un tema que no sólo afecta la percepción de seguridad, sino también la confianza en las instituciones judiciales.
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